Los yungueños y ¿la ley maldita?

Publicado en Yungas Noticias en fecha 29 mayo, 2017
Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.

Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.

Uno vuelve a los Yungas después de 11 años y comprueba que efectivamente creció, pero no se desarrolló. Yungas es la mejor muestra de lo que pasó en estos 11 años en todo el país. Una economía, como ocurrió en Bolivia y Yungas, puede crecer, lo que se mide por los aumentos en el PBI, pero no desarrollar; es decir, aumentar la calidad de vida y oportunidades de la población.

En ese contexto, la aprobación de la (906) Ley General de la Coca es el último sablazo a una economía en depresión como es la yungueña.

Primero, la norma es inconstitucional porque la CPE aprobada en 2009, en su artículo 384 dice que “el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia”. En la Asamblea Constituyente (2007) los chapareños querían poner que la defensa sea de la coca andina-amazónica y tradicional. Los  cocaleros de Yungas se impusieron y dejaron sólo bajo protección del Estado la coca ancestral-originaria que no es la del trópico chapareño. Sin decirlo, la CPE recupera espíritu de la denostada Ley 1008 de 1988, que en sus artículos 9 y 10 establecía que las zonas de producción legal comprendían las “provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba”.

Por ello,  toda coca que no estuviera bajo el paraguas ancestral-originario era ilegal y debía ser erradicado bajo programas de compensación; para ello se definía que las zonas de erradicación eran “las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de Cochabamba”.

Segundo, la Ley 906 divide a la coca en zonas autorizadas y no autorizadas y en su artículo 16, violatorio de la CPE, establece que “las zonas autorizadas comprenden las zonas de producción originaria y ancestral, las zonas de producción originaria y ancestral con registro y catastro, y las zonas con registro y catastro.” Es decir, ahora, la coca ancestral y originaria no sólo estaría en Yungas, sino también en el trópico chapareño y otras regiones de La Paz.

Para colmo, la Ley 906 amplia las “zonas autorizadas en el departamento de La Paz  a las Provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del municipio de La Asunta de la provincia Sud Yungas.” En este último caso, La Asunta es sacada de Sud Yungas y reconocida sólo en parte. En el caso de Cochabamba no se habla de la coca Yungas de Vandiola y  reconoce la coca en las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco, que en la 1008 eran motivo de erradicación.

Tercero, pasándose por encima sus propios informes como el del “Estudio Integral de la demanda legal de coca en Bolivia” (2014), la actual Ley 902 define que exista  una extensión de 22.000 hectáreas de coca en Bolivia, dividiendo 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz  y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba. Donde la coca debía ser erradicada a cero, donde la coca no cumple el precepto constitucional de ancestral-originaria, donde se invirtieron millones de dólares por compensación y donde el 94% de la producción se va al mercado ilegal, la Ley 906 los premia legalizándoles con 7.700 hectáreas.

En cambio en Nor y Sur Yungas, donde está la coca ancestral-originaria, legal, donde no han llegado inversiones de impacto, donde la diversificación económica ha sido estrangulada, se los castiga, pues, si bien, aparte de las 12.000 hectáreas que se reconocían con la ley 1008, les aumentan ahora a 14.300, las dos mil trescientas no van a Yungas, sino a nuevas provincias como Caranavi, Larecaja y Bautista Saavedra, donde la coca era ilegal.

Con todo esto, “cómo quiere el Gobierno que apoyemos esta ley maldita?” se preguntan miles de productores yungueños. “Evo se está vengando de lo que no pudo derrotarnos en la Asamblea Constituyente”, afirma Agustín Mamani, asesor en la Constituyente. “Como nunca el Gobierno ahora viene a ofrecernos de todo y a dividirnos para que aceptemos la ley maldita”. Pero, remata un joven dirigente: “Evo, buscará dividirnos pero jamás rendirnos”.

Durante el último mes hemos sido invitados a recorrer decenas de poblaciones de los Yungas y se nota un pueblo con bronca, aturdido porque “no pueden entender, cómo nuestro hermano, al que le hemos dado todo nuestro apoyo, nos pague con esta ley maldita”. Los yungueños dicen: “Evo sabe que los chapareños no usan su coca ni siquiera para pijchar, porque usan la yungueña. Sabe que la coca del Chapare va al narco pero la legaliza, ¿qué nos está diciendo con esto?”

Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.

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